Colombia: Cómo entender lo que pasa en el país cafetero

Foto: minutouno

Por Ricardo Quesada C.

Inició el 15 de abril cuando el presidente de Colombia, Iván Duque, presenta un proyecto de reforma tributaria en el cual se castiga a la clase media en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus. Todos los partidos políticos incluyendo el Centro Democrático cuyo líder es el expresidente y mentor de Duque, Álvaro Uribe, se manifestaron en contra de la iniciativa, pero el mandatario insistió.

Los ciudadanos pidieron a través de las redes sociales al presidente que no implantara la medida porque generaría más pobreza en el país. Sin embargo, Duque no escuchó, y siguió adelante con la reforma. A pesar de la crisis sanitaria que vive este país con hospitales colapsados y un aumento número de casos positivos, la gente decidió salir y arriesgar su vida al manifestarse.

Los movimientos sociales decidieron llamar a un paro general en contra de la reforma programado para el miércoles pasado. Y en el primer día miles de personas salieron a las calles, en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales fueron algunas ciudades donde presentaron las protestas.

A pesar de que las manifestaciones se mantuvieron, pero daba la sensación de que empezaban a apagarse y que Colombia volvía a la normalidad, no ocurrió así. El sábado 1 de mayo, se presentaron más manifestaciones que iniciaron siendo pacíficas, pero al entrar la tarde se intensificaron con enfrentamientos entre policías y manifestantes, hasta ese momento dejaban 21 personas muertas.

El domingo anterior, el presidente, Iván Duque, solicitó al congreso el retiro del proyecto de reforma tributaria, y también tramitar de manera urgente un nuevo proyecto “fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo. Además, agregó que habló con los diferentes partidos políticos, gremios de producción y sectores de la población para presentar al congreso un nuevo proyecto con las propuestas que salieron de esos diálogos.

Sobre la reforma. El primer proyecto presentado y que lleva por nombre “Ley de Solidaridad Sostenible”, busca recaudar 25 billones de pesos, unos $6.850. Y plantea una serie de reformas al estatuto tributario para ampliar la base de contribuyentes, es decir se reduciría el montón mínimo a partir del cual los ciudadanos deben declarar impuestos ante las autoridades.

Pero el punto más controversial es que esta iniciativa propone que a partir del 2022 quienes gana más de 2,4 millones de pesos (663 dólares) deben declarar impuestos de renta, una medida que fue rechazada por los sindicatos ya que el salario mínimo en el país de $248. Y para el 2023 se prevé extender la base a aquellos que reciben una cifra de 1,7 millones de pesos ($470).

Por otra parte, se contempla el cobro del IVA del 19% a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas, para usuarios de los estratos sociales 4,5 y 6, que son los más altos de la escala.

Violencia policial. En las manifestaciones, la policía salió a reprimir a los ciudadanos, lo que ha generado hasta el momento 21 muertos, cientos de heridos y más de 900 denuncias de abuso policial. Además de los videos de muchos en los que se evidencia el uso excesivo de fuerza por parte de los policías.

El ministerio de defensa por su parte apenas reconoció un civil fallecido, 209 policías heridos y uno muerto y 203 detenciones. Y el ministro, Diego Molano, argumentó que los disturbios los produjeron “organizaciones criminales”. Por su parte los colombianos solicitaron en redes sociales la urgente ayuda de organizaciones de derechos humanos internacionales para que pidan al presidente Duque el cese de la violencia.

El portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, envió un llamado de alerta desde Ginebra, Suiza, en el solicitó calma para las manifestaciones de este cinco de mayo, “Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, dijo Hurtado.

Las manifestaciones continúan. Este cinco de mayo se llevó a cabo de nuevo un paro nacional, cumpliendo con cinco días de manifestaciones. Y ahora se enfocan el mostrar el descontento por la violencia que se generó desde el 28 de abril y las críticas al gobierno actual. Esto pese al retiro de la reforma tributaria, la renuncia del ministro, Alberto Carrasquilla y el mensaje del presidente Duque, los voceros se mantienen en que aún falta mucho por concretar.

Los representantes del Paro Nacional, aseguraron que están dispuestos a un diálogo verdadero, no como en el 2019 cuando no se concretó nada y algunas de las exigencias que piden son: garantías constitucionales a la movilización y las protestas, Desmilitarización de las ciudades, cese de masacres y castigo a los responsables, Fortalecimiento de una masiva vacunación y Matrícula cero y no a la alternancia educativa, entre otras.

Aulas de terror en Ecuador

 

Ilustración: Hersse Sánchez

Por: Ricardo Quesada C.

Una investigación para la iniciativa periodística sin fines de lucro (Connectas), de los periodistas Jhon Machado y Andrea Salazar, reveló que en los últimos seis años más de 4000 niños y niñas sufrieron abusos sexuales en las escuelas de Ecuador. Además, señalan que esta tragedia crece con la complicidad del sistema educativo, falta de justicia y la inacción de los gobiernos.

Además, solo el tres porciento de estos abusos sexuales son judicializados y menos aún tienen una sentencia.

Los abusos se presentaron del 2014 al 2019, pero además de esto las víctimas han sido también testigos del encubrimiento de los agresores por parte de las autoridades educativas y también la desatención del Estado. Sumado a esto los niños, niñas y adolescentes sufren los problemas del sistema de justicia para resolver los casos como la revictimización, la lentitud de los procesos y la poca efectividad para condenar a los abusadores.

Se estima que un total de 1.983 docentes o personas encargadas de educar y cuidar, son los acusados por los abusos sexuales dentro de las escuelas, esto según la información oficial y de acuerdo con la investigación hecha por los comunicadores, el 97% de casos de abusos sexuales que involucra a profesores siguen todavía impunes.

La Maná, es un pueblo que se encuentra en el centro de Ecuador y que presenta las tasas más altas de denuncias por abuso sexual en centros educativos. Se registran 119 casos en los últimos cinco años y donde un profesor abusó sexualmente de 8 niñas cuando tenían entre 9 y 10 años, según las denuncias de la psicóloga del centro educativo y recogidas por la Fiscalía General del Estado.

El profesor obligó a las niñas a que le retiraran el palillo de dientes de la boca sin usar las manos, las hacía bailar pegadas la espalda a la pared exigiendo movimientos eróticos, les insinuó actos sexuales, se paseaba semidesnudo por el aula y en más de una ocasión tocó las partes íntimas de al menos tres de ellas.

La comisión para tratar temas sobre abusos sexuales en el congreso de este país denominada como Aampetra, tomó una muestra de 42 denuncias de abuso sexual infantil en las escuelas para fiscalizar lo que sucedía a nivel nacional y determinaron que, en todos los casos analizados, las autoridades de las instituciones educativas incumplieron con su obligación de denunciar y que en ninguna se establecieron medidas de protección inmediatas en favor de las víctimas por parte de los rectores o autoridades de los colegios.

Además, la Contraloría General del Estado, detectó sobre una muestra de 1.182 casos que menos de la mitad terminaron con la destitución de los presuntos abusadores, otros prescribieron, se archivaron, terminaron en una suspensión temporal de labores, se les reubicó o terminó con una simple amonestación verbal. De un total de 539 denuncias que llegaron a la Fiscalía, 16 terminaron en sentencia judicial.

Otro caso que mencionan en la investigación es en Cuenca, la tercera ciudad en importancia en Ecuador, donde las autoridades del colegio público ocultaron durante un año las denuncias de violación de una alumna. La madre de la menor siguió el proceso en la Fiscalía y acusó a las autoridades de omisiones graves.

Un caso que terminó en suicidio. El vicerrector del colegio Miguel Martínez, Bolivar Espín, ubicado en Guayaquil acosó durante un año a una alumna de 14 años para luego abusar de ella sexualmente, en el 2002 empezó a violarla hasta que quedó embarazada.

El médico del centro educativo Raúl Ortega en complicidad con el violador, practicó un aborto a la adolescente, pero antes de hacerlo también intento abusar sexualmente de ella, según reconstruyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El sufrimiento de la víctima la llevó a suicidarse dentro del colegio en el 2003 y su madre emprendió acciones legales, pero estas prescribieron sin que hasta hoy los abusadores de Paola hayan pagado por lo que hicieron.

Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en agosto del 2020 que el Estado de Ecuador es responsable es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la educación de Paola Guzmán. Tras la muerte de la adolescente, 4.066 estudiantes víctimas de violencia sexual en sus colegios y escuelas presentaron denuncias en contra de sus abusadores.

El caso de Paola animó a otras víctimas a hacer denuncias, sin embargo, el Estado lejos de dar respuestas acumula más casos y los funcionarios públicos son señalados de falta de voluntad política para resolver el problema.