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| Ilustración: Hersse Sánchez |
Una investigación para la iniciativa periodística sin fines de lucro (Connectas), de los periodistas
Jhon Machado y Andrea Salazar, reveló que en los últimos seis años más de 4000 niños
y niñas sufrieron abusos sexuales en las escuelas de Ecuador. Además, señalan
que esta tragedia crece con la complicidad del sistema educativo, falta de
justicia y la inacción de los gobiernos.
Además, solo el tres porciento de estos
abusos sexuales son judicializados y menos aún tienen una sentencia.
Los abusos se presentaron del 2014 al
2019, pero además de esto las víctimas han sido también testigos del encubrimiento
de los agresores por parte de las autoridades educativas y también la desatención
del Estado. Sumado a esto los niños, niñas y adolescentes sufren los problemas
del sistema de justicia para resolver los casos como la revictimización, la
lentitud de los procesos y la poca efectividad para condenar a los abusadores.
Se estima que un total de 1.983 docentes
o personas encargadas de educar y cuidar, son los acusados por los abusos
sexuales dentro de las escuelas, esto según la información oficial y de acuerdo
con la investigación hecha por los comunicadores, el 97% de casos de abusos
sexuales que involucra a profesores siguen todavía impunes.
La Maná, es un pueblo que se encuentra en
el centro de Ecuador y que presenta las tasas más altas de denuncias por abuso
sexual en centros educativos. Se registran 119 casos en los últimos cinco años y
donde un profesor abusó sexualmente de 8 niñas cuando tenían entre 9 y 10 años,
según las denuncias de la psicóloga del centro educativo y recogidas por la
Fiscalía General del Estado.
El profesor obligó a las niñas a que le
retiraran el palillo de dientes de la boca sin usar las manos, las hacía bailar
pegadas la espalda a la pared exigiendo movimientos eróticos, les insinuó actos
sexuales, se paseaba semidesnudo por el aula y en más de una ocasión tocó las
partes íntimas de al menos tres de ellas.
La comisión para tratar temas sobre
abusos sexuales en el congreso de este país denominada como Aampetra, tomó una
muestra de 42 denuncias de abuso sexual infantil en las escuelas para
fiscalizar lo que sucedía a nivel nacional y determinaron que, en todos los casos
analizados, las autoridades de las instituciones educativas incumplieron con su
obligación de denunciar y que en ninguna se establecieron medidas de protección
inmediatas en favor de las víctimas por parte de los rectores o autoridades de
los colegios.
Además, la Contraloría General del
Estado, detectó sobre una muestra de 1.182 casos que menos de la mitad
terminaron con la destitución de los presuntos abusadores, otros prescribieron,
se archivaron, terminaron en una suspensión temporal de labores, se les reubicó
o terminó con una simple amonestación verbal. De un total de 539 denuncias que
llegaron a la Fiscalía, 16 terminaron en sentencia judicial.
Otro caso que mencionan en la
investigación es en Cuenca, la tercera ciudad en importancia en Ecuador, donde las
autoridades del colegio público ocultaron durante un año las denuncias de violación
de una alumna. La madre de la menor siguió el proceso en la Fiscalía y acusó a
las autoridades de omisiones graves.
Un caso que terminó en suicidio. El vicerrector del colegio Miguel
Martínez, Bolivar Espín, ubicado en Guayaquil acosó durante un año a una alumna
de 14 años para luego abusar de ella sexualmente, en el 2002 empezó a violarla
hasta que quedó embarazada.
El médico del centro educativo Raúl
Ortega en complicidad con el violador, practicó un aborto a la adolescente,
pero antes de hacerlo también intento abusar sexualmente de ella, según reconstruyó
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El sufrimiento de la víctima la llevó a
suicidarse dentro del colegio en el 2003 y su madre emprendió acciones legales,
pero estas prescribieron sin que hasta hoy los abusadores de Paola hayan pagado
por lo que hicieron.
Mientras que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos declaró en agosto del 2020 que el Estado de Ecuador es
responsable es responsable por la violación de los derechos a la vida,
integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la
educación de Paola Guzmán. Tras la muerte de la adolescente, 4.066 estudiantes
víctimas de violencia sexual en sus colegios y escuelas presentaron denuncias
en contra de sus abusadores.
El caso de Paola animó a otras víctimas
a hacer denuncias, sin embargo, el Estado lejos de dar respuestas acumula más casos
y los funcionarios públicos son señalados de falta de voluntad política para
resolver el problema.
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